El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó sin vetos la ley n.º 15.122, también conocida como “ley de reciprocidad económica”, publicada en el Diario Oficial de la Unión el lunes 14 de abril. El texto establece criterios para suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual en respuesta a medidas unilaterales adoptadas por un país o bloque económico que repercutan negativamente sobre la competitividad internacional de Brasil.
La ley representa una acción estratégica de Brasil frente a las medidas arancelarias impuestas a decenas de naciones por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. En el caso de Brasil, la tarifa fue del 10 % sobre todos los productos exportados al mercado estadounidense. La excepción son el acero y el aluminio, productos brasileños cuyo recargo impuesto por el Gobierno estadounidense fue del 25 %, afectando de manera significativa a las empresas brasileñas. Brasil es el tercer mayor exportador de estos metales a Estados Unidos.
Según el texto, la adopción de contramedidas debe tratar de minimizar el impacto sobre la actividad económica y evitar cargas y costos administrativos excesivos. Sin embargo, la norma señala que se celebrarán consultas diplomáticas con miras a mitigar o anular los efectos de las medidas y contramedidas recogidas en la nueva norma jurídica.
CONTRAMEDIDAS — La ley autoriza al Poder Ejecutivo, en coordinación con el sector privado, “a adoptar contramedidas consistentes en restricciones a las importaciones de bienes y servicios o medidas de suspensión de concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relativas a derechos de propiedad intelectual y medidas de suspensión de otras obligaciones previstas en cualquiera de los acuerdos comerciales del país”.
La norma también subraya que las contramedidas deben ser, en la medida de lo posible, proporcionales al impacto económico causado por las acciones, políticas o prácticas de aplicación unilateral de medidas comerciales, financieras o de inversión perjudiciales para Brasil. La sanción reafirma la soberanía brasileña en las decisiones comerciales y ambientales y pretende preservar los intereses económicos nacionales frente a prácticas internacionales consideradas desleales o abusivas.
El texto fue aprobado por el Congreso Nacional a principios del mes y contó con la unanimidad del Senado federal, autor de la iniciativa. Además del presidente Lula, firmaron la ley n.º 15.122 el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin; el ministro de Hacienda, Fernando Haddad; y la diplomática y secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Laura da Rocha.
